No es privatización, por el contrario, requiere reforzar el sistema público, mejorando la gestión, las tecnologías, la capacitación de quienes trabajan en él y aumentando los recursos.

No es estatismo: fortalece al Estado en su rol de conducir, regular y fiscalizar, pero no obstaculiza el desarrollo del sector privado que esté dispuesto a subordinarse a las políticas públicas y su marco regulatorio. 

No es una canasta básica, pues no excluye ninguna enfermedad, establece garantías para las necesidades de salud más graves, frecuentes y sensibles para las personas. 

No es una amenaza para los trabajadores de la salud, por el contrario, requiere un nuevo trato con los trabajadores. Además, es una oportunidad para el desarrollo ético y científico de la labor médica. 

Es una gran apuesta para mejorar la salud y disminuir las desigualdades. Pone fin al temor de enfermar y a la incertidumbre de si habrá acceso o capacidad económica.

Es mejorar la resolutividad de la Atención Primaria y desarrollar las acciones que fomentan la salud y previenen la enfermedad. 

Ante los problemas que más afectan la vida y la calidad de ésta, en el sistema público será oportunidad de atención asegurada y en el privado establecerá copagos fijos y sin discriminación por sexo y edad.